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EUROPA PRESS | MADRID

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, cree que el alargamiento de los periodos de amortización de las hipotecas que están llevando a cabo las entidades financieras no es la mejor solución para mitigar el impacto de la subida de tipos de interés, y les ha emplazado a que opten por abaratar y flexibilizar los cambios de hipotecas y las condiciones.

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha segurado hoy que el alargamiento de los periodos de amortización de las hipotecas que están llevando a cabo las entidades financieras no es la mejor solución para mitigar el impacto de la subida de tipos de interés, y les ha emplazado a que opten por abaratar y flexibilizar los cambios de hipotecas y las condiciones.

En respuesta a un senador de CiU sobre la deuda de las familias en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Solbes ha señalado que si bien es verdad que los tipos de interés han aumentado respecto al pasado año, se encuentran aún en niveles inferiores a los de hace dos ejercicios, por lo que cree que no hay que “magnificar” el problema.

Además, ha apuntado que los precios de la vivienda, que han experimentado en los últimos años un importante crecimiento como consecuencia del aumento de la demanda, comenzaron a “flexionar a la baja” en 2005. “Los tipos de interés han aumentado, después de haber bajado de forma muy sustancial en el último año, pero las cargas de intereses tienen un doble rasero, por una parte, hay que pagar intereses, pero por otra parte empresas y familias españolas reciben el doble de intereses de los que pagan”, añadió.

Asimismo, el ministro ha subrayado que en su último informe sobre la economía española, la UE aseguraba que la probabilidad de que existiesen riesgos por el endeudamiento de las familias era “bajo”. “Por tanto, creo que hay que seguir el problema, pero darle la importancia que tiene”, ha dicho.

EFE | MARBELLA/SEVILLA

La Junta de Andalucía considera que “se dan las circunstancias objetivas” para la disolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), según ha asegurado hoy el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Zarrías ha declarado hoy a la Cadena SER, según recoge esta emisora en su página web, que en este momento “se dan las circunstancias objetivas para que el Consejo de Gobierno tome la decisión”, en referencia a la disolución del Ayuntamiento marbellí tras ser detenida su alcaldesa y tres concejales más por presunta corrupción.

La Junta, según la SER, ha puesto ya en marcha los mecanismos para disolver el Ayuntamiento tras la operación “Malaya” contra la corrupción en el consistorio, medida que podría ser oficial este martes. El consejero andaluz de la Presidencia aseveró que la gestión del Ayuntamiento de Marbella ha sido “gravemente dañosa para los intereses generales” y que “se han incumplido gravemente las obligaciones asignadas a una corporación municipal”.

El pasado viernes, el presidente andaluz y del PSOE, Manuel Chaves, aseguró que será el próximo martes en Consejo de Gobierno cuando se tome una decisión sobre el Ayuntamiento de Marbella, tras “sopesar las actuaciones judiciales” por las que hasta ahora se han detenido a 23 personas por una presunta trama de corrupción. En rueda de prensa, Chaves insistió en que “con la ley en la mano” no es posible adelantar las elecciones municipales en Marbella y rechazó que los socialistas no quieran convocar esos comicios.
Proceso por corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, ha decretado en los dos últimos días el ingreso en prisión de cinco de los 23 detenidos en la operación “Malaya” contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, según fuente jurídicas.

Los detenidos son: la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto ‘cerebro’ de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, y el empresario detenido en Madrid Ismael Pérez Peña.

El juez Miguel Ángel Torres dictó además libertad con fianzas de 30.000 euros para el concejal de Cultura de Marbella, José Jaén Polonio; de 20.000 euros para el empresario detenido en Málaga José Luis Alonso Boyer, y de 12.000 euros para el también empresario arrestado en Málaga Julio de Marco. El magistrado ha dejado en libertad en las últimas horas con cargos y sin fianza al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, y al empresario Juan Miguel Saavedra.

Seis de los detenidos en la operación han sido trasladados a los juzgados de esta localidad para que comparezcan durante el día ante el juez instructor del sumario, Miguel Angel Torres.

Los arrestados, entre los que hay empresarios y testaferros, han sido conducidos por la Policía hasta los juzgados pasadas las 11:00 horas. Dos de los detenidos que han sido puestos a disposición judicial son mujeres, Montserrat C.C. y María Ursula Q.L., ambas detenidas en Madrid, informaron a EFE fuentes judiciales.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado por su parte que con la operación Malaya se da respuesta a “un clamor social que nos exigía que de una vez por todas limpiásemos la corrupción del Ayuntamiento de Marbella”. Conde-Pumpido, que ha participado en un seminario en la localidad zaragozana de Sos del rey Católico, ha destacado la labor de la fiscalía anticorrupción en Marbella, así como la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que “están haciendo un trabajo excelente para limpiar y evitar que haya corrupción en los Ayuntamientos”. En la operación Malaya, “las actuaciones se están realizando según lo previsto y no hay nada improvisado”; se trabaja desde hace meses y “sabíamos que el resultado iba a ser muy importante”.

Gómez de Liaño recurrirá la encarcelación de García Marcos

A lo largo del sábado el titular del juzgado número 5 de Marbella decretó prisión incondicional para la primera teniente de alcalde de Marbella, Isabel García Marcos, y para el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, por su presunta participación en la trama de corrupción del Ayuntamiento marbellí.
Uno de los abogados de la primer teniente de alcalde, el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño anunció más tarde, a su salida de los juzgados de Marbella, que recurrirá el auto de prisión incondicional de su cliente para la que había solicitado su libertad.

Los ediles Isabel García Marcos y Victoriano Rodríguez se encuentran ya ingresados en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, juntamente con la alcaldesa de Marbella, el asesor Juan Antonio Roca y el empresario Ismael Pérez, propietario de dos empresas de “leasing” de vehículos.

2.400 millones de euros incautados

Hasta el momento son 23 los detenidos por la Policía en Málaga, Madrid y Murcia, han sido bloqueadas más de un millar de cuentas bancarias y efectuados hasta veinte registros domiciliarios en el marco de esta operación contra la corrupción, denominada “Malaya”, que coordinan el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción, y en la que fueron incautados bienes por valor de unos 2.400 millones de euros.

En relación con la prisión incondicional de Isabel García Marcos el juez considera, según fuentes jurídicas, que la edil, junto con cuatro integrantes más de la corporación, aprobaron unas tasas de retirada de vehículos de la vía pública para pagar una deuda que tenían con el propietario de la mencionada empresa de “leasing”, así como adjudicarle de nuevo la concesión de las grúas municipales.

La edil García Marcos se casó el pasado 18 de marzo en segundas nupcias en una ceremonia civil que fue oficiada por la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, actualmente internada en la enfermería de la cárcel de Alhaurín de la Torre. En cuanto al concejal Victoriano Rodríguez, igualmente encarcelado en la operación “Malaya”, perteneció al Grupo Independiente Liberal (GIL) hasta que firmó la moción de censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003 junto a -entre otros- siete compañeros de partido, momento en el que se pasó al Grupo Mixto.

Reñones pone sus cargos a disposición de los “órganos superiores”

El alcalde en funciones de Marbella (Málaga), Tomás Reñones, aseguró hoy que el gobierno municipal continuará en funciones, a pesar de haber decidido poner sus cargos a disposición de los “órganos superiores”.
En su primera rueda de prensa, tras ser encarcelada la alcaldesa Marisol Yagüe, su sustituto provisional, Tomás Reñones, pidió “perdón al pueblo de Marbella porque no se merece la situación que está viviendo”, no aceptó preguntas de los periodistas y apuntó que la Junta de Andalucía estudia la posible creación de una gestora en el consistorio.

Tomás Reñones ofreció participación en la gestión municipal al resto de partidos “en todas las decisiones de importancia”, pero el PSOE e IULV-CA rechazaron la oferta, y pidieron a Reñones que dimitiera, mientras que el PP declinó entrar en el consistorio.

EUROPA PRESS | MÁLAGA

El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Marbella ha recuperado parcialmente la normalidad tras el registro policial que obligó ayer al desalojo del personal municipal, aunque la Policía continúa trabajando en las dependencias de Urbanismo, que están precintadas.

Los vecinos hacen hoy sus trámites en la sede principal del Consistorio, donde Tomás Reñones ostenta el cargo de alcalde en funciones.

Por su parte, los detenidos dentro de la operación contra la corrupción han pasado su primera noche detenidos en dependencias policiales. Hasta la Comisaría Provincial, donde se encuentran desde ayer, entre otros, la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, también fue trasladada anoche la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, al ser detenida a su regreso de viaje de luna de miel.

Los detenidos en Málaga dentro de la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella han pasado su primera noche detenidos en dependencias policiales. Hasta la Comisaría Provincial, donde se encuentran desde ayer, entre otros, la alcaldesa marbellí, Marisol Yagüe, también fue trasladada anoche la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, al ser detenida a su regreso de viaje de luna de miel.

García Marcos, que fue expulsada del PSOE tras apoyar en 2003 una moción de censura contra el entonces regidor marbellí Julián Muñoz, llegó sobre las 00.45 horas a la Comisaría, según confirmaron a fuentes cercanas al caso. Los detenidos podrían empezar hoy a pasar a disposición judicial.

Así, por el momento, la operación se ha saldado con 21 detenidos, entre los que se encuentran, además, el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento y empresario Juan Antonio Roca; los concejales Victoriano Rodríguez y José Antonio Jaén; el secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Además, en Marbella también fueron arrestados el abogado Oscar Alberto R.P.; Salvador G.A.; Juan Miguel S.Y.; Jaime H.F. y José Luis A.B.
Agentes de la Dirección General de la Policía, adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y a la Udyco-Costa del Sol, iniciaron ayer un amplia operativo que se extendió a Marbella , Madrid y Murcia y en el que participaron más de un centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Entramado de grandes proporciones

Diez de los detenidos fueron en Marbella, nueve en Madrid y una en Murcia, mientras que fueron bloqueadas más de mil cuentas bancarias y se realizaron veinte registros en diferentes lugares -cinco en Madrid, dos en Murcia, diez en Marbella , uno en Huelva, uno en Cádiz y uno en Málaga.

En Madrid, se detuvo a los abogados Montserrat C.C., Francisco Antonio S.P., Manuel S.M. y Miguel P.C.; los testaferros Ismael P.P., María Ursula Q.L. y José Luis B.P.; y a Juan Luis S.P. y Francisco S.Z. Por último, el detenido en Murcia es Ernesto Ramón C.G., que actuaba como testaferro.

La operación, que fue iniciada en noviembre de 2005 por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, y supervisada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella , Miguel Angel Torres y la Fiscalía Anticorrupción, esta orientada a poner al descubierto un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.
Así, las mismas fuentes precisaron que las gestiones policiales realizadas hasta el momento han determinado la participación de numerosas personas en varios delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero, “Todo ello encubierto a través de un entramado societario de grandes proporciones”.

M. IGLESIAS / M. SUÁREZ/COLPISA. MADRID

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición compartirán el proceso abierto para lograr el fin de la banda terrorista ETA y a tal fin dieron, ayer, el primer paso para la recuperación de una confianza mutua, severamente afectada por los desencuentros que marcaron sus relaciones en los dos últimos años. José Luis Rodríguez Zapatero anunció que establecerá con el presidente del PP una comunicación «directa y exclusiva» para mantenerle informado. Mariano Rajoy ofreció al Gobierno un apoyo «sin apellidos ideológicos ni partidistas».

En las dos horas y media que estuvieron reunidos en el Palacio de La Moncloa, los dos dirigentes dieron «un buen primer paso» para acabar con dos años de desencuentros en política antiterrorista, en palabras del presidente. El cambio de tono marcó este inicio de la «recuperación de la confianza» mutua que les llevó a «compartir el análisis» de la situación, según apuntó el jefe del Ejecutivo.

Por primera vez, el presidente hizo partícipe al líder del PP de los datos que en los últimos años le hacían sospechar que ETA tenía intención de declarar una tregua y también su evaluación del comunicado de la banda, difundido el pasado miércoles. Comparó el momento actual con los anteriores procesos y vaticinó que el alto el fuego permanente abre una expectativa «positiva» para poder conseguir el final del terrorismo.

«Más eficaz»

En este punto, Rodríguez Zapatero recibió el apoyo de Rajoy para tomarse «el tiempo que sea necesario» en verificar que se trata del «fin absoluto y total» de la violencia y después se comprometió a informarle de los resultados de esa comprobación. El jefe del Ejecutivo se mostró convencido de que el Estado será «más eficaz», acabará «más rápido y de manera más evidente» con ETA «si se produce un buen clima» político. Indicó la necesidad de que las fuerzas parlamentarias, y de manera «muy singular» el PP, lleguen a un consenso sobre el «mínimo común denominador» que les une frente a la banda terrorista.

Consciente de que una buena relación no se puede restablecer de inmediato tras dos años de «diferencias notables», el presidente del Gobierno prometió que pondrá su empeño en retomar la colaboración con el PP, algo que es para él un objetivo «prioritario». No obstante, apuntó que «llevará tiempo» recuperar la confianza mutua y apuntó que es algo que ha de ser «cultivado por ambas partes.

Rodríguez Zapatero considera que, dada la trascendencia del momento, «el diálogo fundamental y la información esencial» la debe compartir él «directa y exclusivamente» con el líder de la oposición. Por su parte, Rajoy apuntó la «conveniencia» de convocar la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Aunque el Ejecutivo había dado ya por desfasado ese acuerdo y ve más «útil» el hilo directo con el líder del PP, Rodríguez Zapatero se mostró «abierto» a atender la sugerencia del líder de la oposición.

«Que no se precipite»

Rajoy se mostró cauto a la hora de valorar el resultado de su encuentro con el presidente del Gobierno, condicionado por el trauma que supuso el enorme optimismo con el que salió de la entrevista que ambos mantuvieron en enero de 2005 y que después resultó un fracaso. Al contrario de lo que hizo entonces, se negó a admitir un cambio en su ánimo tras la conversación y puso en condicional las consecuencias positivas de la cita, en un mensaje dirigido a los sectores de su partido más reacios a aceptar su aproximación al Gobierno.

«Yo espero que esta reunión de hoy sirva para que el diálogo, la cooperación y la información presidan la actuación de los dos principales partidos de España en este asunto. Si eso fuera así, significaría que hemos regresado a nuestro lugar natural de encuentro, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo», declaró ante los periodistas, a los que comentó «que no pueden hacerse las cosas como en los dos últimos años», en el único reproche que tuvo para su interlocutor.

Anunció que había transmitido al presidente «mi apoyo y el de mi partido para acabar con ETA» y explicó que este respaldo «no tiene apellidos ideológicos ni partidistas». Transmitió su deseo de que «a corto plazo» pueda confirmarse la disolución de la organización armada y dijo que le pidió a Rodríguez Zapatero «que no se precipite» y que «no dé pasos que comprometan al Estado». Por su parte, el presidente del Gobierno le garantizó que «él no tiene ningún compromiso con nadie», lo que el líder del PP considera «lo más relevante» de su conversación.

Indicó Rajoy que el Gobierno debe tener ahora como única prioridad «constatar que existe una decisión irreversible de ETA de poner fin a su actividad criminal». No olvidó mencionar los derechos de las víctimas ni las movilizaciones sociales que los populares han apoyado en pro del fin del terrorismo y señaló que ellas y la democracia constitucional son las únicas referencias para su partido.

El líder del PP también se dirigió a sus votantes y dirigentes más escépticos con el alto el fuego y se mostró muy exigente a la hora de condicionar su apoyo al proceso en marcha. «Para que nadie se llame a engaño», exigió que el Gobierno no tome decisiones que puedan interpretarse «directa o indirectamente» como concesiones o contrapartidas políticas a ETA; que ninguna mesa pueda proponer cambios en la legalidad vigente, «ni en la del País Vasco, ni en la de Navarra, ni en la del conjunto de España»; y que no haya contacto alguno con organizaciones terroristas o ilegales para abordar este tipo de cuestiones.

Además, recordó que «el Estado de derecho no está en tregua», por lo que señaló que la actuación policial y judicial, la política penitenciaria y, «en especial», la Ley de Partidos Políticos que su formación suscribió con el PSOE, deben cumplirse de una forma «escrupulosa».

REDACCIÓN | MADRID

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comparecido ante los medios de comunicación para recalcar que el tono de su reunión con el líder del PP, Mariano Rajoy, “ha sido positivo”, lo que tal vez marque “un clima de recuperación de la confianza”. “Es un clima que llevará tiempo, que ha de ser cultivado por ambas partes y que para mí es prioritario”, ha subrayado.

Zapatero ha trasladado a Rajoy la evaluación que el Gobierno ha hecho del comunicado de ETA “y de las perspectivas que abre”. Asimismo, le ha reiterado que “nos encontramos en un proceso largo, duro y difícil”, aunque se “llevará mucho mejor” si existe consenso entre las fuerzas con representación parlamentaria y, en especial, con el PP. “Desde esa perspectiva esta reunión ha sido un muy buen primer paso”, ha valorado.

De igual forma, se ha mostrado favorable, tal y como ha pedido Rajoy, a celebrar “alguna reunión” de la Comision de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, aunque considera que lo más conveniente para que el proceso gane en eficacia es que la responsabilidad de compartir información y el análisis de la “tregua” recaiga directamente sobre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición.

Rajoy da “todo” su apoyo

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ofrecido a Zapatero “todo mi apoyo y el de mi partido”. “Este apoyo no tiene apellidos ideológicos ni partidistas”, ha agregado al tiempo que no ha ahorrado críticas al recalcar que “no se pueden hacer las cosas como se han hecho en los dos últimos años”.

Rajoy, que ha salido “igual” de optimista que entró a la reunión, ha señalado que “mi posición y la del PP no tiene otras exigencias” que la Constitucion, lo que han expresado los ciudadanos en las manifestaciones y el respeto a las victimas del terrorismo.

El líder de la oposición ha recalcado que Zapatero le ha garantizado que no tiene “ningún compromiso con nadie” y que “no se ha comprometido a nada” con ETA, una de sus principales preocupaciones, y ha trasladado al jefe del Ejecutivo varias condiciones para abordar el proceso de paz. Entre las peticiones se encuentra que “no haya concesiones” a la banda.

Además de expresar su deseo de que ETA “se disuelva y entregue las armas”, el presidente del PP ha pedido a Zapatero “que no se precipite” en su actuación. “La prioridad es que el Gobierno constante que existen una voluntad de poner fin al terrorismo”.

Para el PP existen una serie de exigencias que no deben ser vulneradas. Entre otras, que el Gobierno no tome ninguna medida “que pueda interpretrarse como una contrapartida”, que ninguna mesa proponga cambio alguno “en la legalidad vigente” y que no se produzca contacto con organizaciones terroristas “para tratar de estos temas”. “El estado de derecho no está en venta” y, por eso, se deben seguir cumpliendo la ley, “especialmente la Ley de Partidos”, ha agregado.

Asimismo, Rajoy ha expresado su deseo de que la reunión “sirva para que el dialogo y la cooperacion en materia de lucha antiterrorista presida la actuación de los dos grandes partidos nacionales”. “Creo que el terrorismo es un asunto que los dos partidos deben compartir”. Por último, Rajoy ha pedido a Zapatero que se convoque una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista.

MIQUEL NOGUER - Barcelona

Esquerra Republicana aprobó la semana pasada una modificación de su normativa interna que permite a la dirección del partido destituir a los cargos de la formación que tengan bajo su responsabilidad en las administraciones públicas a trabajadores que se nieguen a pagar cuotas al partido y no lo denuncien. El secretario de organización, Xavier Vendrell, introdujo esta modificación en una reunión en la que las bases le impidieron someter a votación otro punto que endurecía y ampliaba a cargos técnicos y funcionarios de áreas gobernadas por ERC la obligación de pagar cuotas.

La reunión del Consejo Nacional de Esquerra celebrada el sábado de la semana pasada vino precedida por un intenso debate entre las diferentes familias del partido en el sentido de garantizar el cobro de las aportaciones a la formación y aclarar y delimitar qué cargos y trabajadores de la administración deben pagar cuotas en función de lo establecido en su Carta Financiera.

Para ello el secretario de organización, Xavier Vendrell, presentó una propuesta de resolución que fue aprobada por los militantes y a la ha accedido EL PAÍS. Establece que: “Aquellas personas, electas o designadas, que no cumplan con sus obligaciones y encubran las situaciones descritas anteriormente [impago de cuotas entre otros aspectos] se considerarán, también, no merecedoras de la confianza del partido y, por tanto, no adecuadas para ocupar el cargo. En este momento deberán ser cesados de sus responsabilidades”.

Ello obliga a los altos cargos de Esquerra Republicana a cesar a empleados de su área de gobierno si éstos, por su condición de no funcionarios, entran dentro del grupo de personas sujetas a pagar cuotas al partido y no cumplen con esta supuesta obligación. En este caso, el alto cargo encubridor de las situaciones de impago, podrá ser cesado. También podrán ser cesadas personas que no pongan en conocimiento de la dirección del partido supuestas situaciones de impago de la cuota en su entorno, tengan o no responsabilidades sobre los que no paguen.

El Consejo Nacional también dio luz verde a otra modificación de la Carta Financiera: “Cualquier persona, en un área de gobierno de Esquerra de ámbito local, comarcal, regional, nacional y en órganos estatales o internacionales, que sea beneficiada a nivel salarial por la designación, propuesta, contratación, ascenso o aumento de atribuciones realizada a instancias de ERC o por un cargo público electo designado por el partido, deberá someterse a la Carta Financiera y muy concretamente, a su artículo 9″. Este artículo es el que establece las cuantías a pagar, algo que depende del nivel de ingresos de cada persona y que oscila entre el 4% y el 24% de su salario neto.

Pero a pesar de establecer estos cambios en la Carta Financiera, el secretario de organización y finanzas no logró el apoyo suficiente para introducir otra modificación que, de haberse aprobado, abría la puerta a cobrar también a funcionarios.

El segundo punto de la resolución, que saltó del articulado sin ni siquiera someterse a votación reza: “Nadie podrá ampararse en la condición de no afiliado, técnico o en el carácter de su relación laboral o funcionarial a efectos de no cumplir con los compromisos y el espíritu de la Carta Financiera”. Es decir, la cuota obligatoria se pretendía ampliar de los altos cargos y los empleados también a los funcionarios. Parte de la militancia consideró excesivo el nivel de detallismo que pretendía introducir Vendrell y, en aras del consenso, el secretario de organización republicano retiró este punto.

Ayer, en declaraciones a este periódico, Vendrell aseguró que promovió estos cambios en el redactado de la Carta Financiera para “clarificar las cosas” y para que “si pasaba lo que ha acabado pasando quedara claro que yo, como secretario de organización y finanzas, me limitaba a ejecutar lo que me ha encargado la dirección del partido”. Vendrell destacó que los cambios en dicha carta fueron aprobados “por unanimidad” y que el punto segundo no llegó ni a someterse a votación. “Fue retirado con anterioridad”, afirmó.

El secretario general de Esquerra, Joan Puigcercós, reiteró ayer que la obligación de pagar sólo afecta a cargos del partido en la administración y no a funcionarios. También quiso defender ERC recurriendo a la polémica del 3%, de presunta financiación ilegal de Convergència i Unió a través del cobro de comisiones en obras públicas, informa Oriol Aymí. “Hay quien hasta ahora se ha financiado con las famosas comisiones del 3%”, dijo Puigcercós, que arremetió ayer especialmente contra CiU también por haber recibido 20,2 millones de euros en donaciones anónimas entre 1991 y 2002. “Estas donaciones son legales, pero nadie se cree que vengan de la buena voluntad de las personas o del patriotismo catalán”, argumentó.

MAGIS IGLESIAS/MADRID

El Rey consideró que hay que tener «cautela y a esperar» ante el anuncio de «alto el fuego permanente» hecho por ETA, en el transcurso de una conversación informal con un grupo de periodistas el pasado viernes. En la conversación Don Juan Carlos sólo hizo ese comentario al ser preguntado por el anuncio de la banda terrorista, durante la entrega de los Premios de Periodismo Rey de España, que conceden la Agencia Efe y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Por otra parte, el comité ejecutivo del PP, que se celebrará hoy, dará un voto de confianza a su presidente, Mariano Rajoy, para que acuda al Palacio de La Moncloa y traslade al presidente del Gobierno su voluntad de colaborar con el Ejecutivo en el proceso abierto tras la declaración del alto el fuego de ETA. El líder de la oposición recordará sus condiciones y los límites de su apoyo al Gobierno y pedirá la recuperación del pacto antiterrorista para garantizar un cauce de comunicación estrecho y permanente entre ambos.

En el debate abierto en el PP tras conocerse el anuncio de la banda terrorista, la dirección del partido ha acordado dejar en manos de Rajoy la respuesta que dará a Rodríguez Zapatero mañana martes cuando el jefe del Ejecutivo le informe de sus planes de actuación ante la apertura de un posible proceso de paz.

El líder de los populares cuenta con el margen de confianza que le permite su declaración del pasado miércoles, que incluye el rechazo al pago de un precio político para que los terroristas dejen de matar, así como la exigencia de que sigan actuando las fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial.

Rajoy ofrecerá al presidente del Gobierno «lealtad» y pedirá la máxima información no sólo de cómo se fraguó la tregua y sobre la situación de la banda ETA, sino del horizonte de futuro que se plantea Rodríguez Zapatero.

«El martes tienen que mantener un diálogo sincero a ver si es posible hacer las cosas juntos», señaló un destacado miembro de la dirección popular.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene concebida ya una ‘hoja de ruta’ para el proceso de paz en el País Vasco, aunque advierte de que ello requiere la unidad de todos los democrátas y la colaboración del PP, que espera recabar en la reunión que celebrará el martes con su presidente, Mariano Rajoy.

Así lo asegura el jefe del Ejecutivo en una entrevista que publicará en la edición de mañana domingo el diario El País, la primera que concede Zapatero tras el anuncio de alto el fuego permanente que ha realizado la banda terrorista ETA.

Rodríguez Zapatero plantea en esta entrevista tres premisas: trabajar con discreción, crear confianza y no tratar de resolverlo todo en una etapa. El Gobierno debe además, verificar que ETA pone término a la extorsión y la “kale borroka”.

El jefe del Ejecutivo considera que el Pacto por la Libertades ofrece una vía para convinar justicia y reinserción. Para las víctimas tiene un mensaje expreso: “La democracia les debe un pacto de memoria y apoyo”.

(EFE)-Barcelona

- El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha alertado en Barcelona de que el nuevo Estatut deja “una puerta abierta al aborto libre” y que “lo que se dice del aborto puede afirmarse también de la eutanasia”, por lo que ha llamado a la sociedad catalana a “abrir un gran debate” sobre los perjuicios del texto.

Rajoy ha hecho estos augurios en una conferencia titulada “Estatut y modelo de sociedad”, pronunciada en un acto con entidades críticas con el título de derechos y deberes del nuevo Estatut, como el Grup d’Entitats Catalanes (GEC) de la Familia, la Fundación Persona, el Foro Arbil y Pacto por la Vida y la Dignidad.

Según el líder popular, el nuevo Estatut “va a dividir a la sociedad catalana”, a recortar las libertades de los catalanes y a consagrar un modelo social “de izquierda”.
“El Estatut no es bueno para el futuro de la sociedad catalana. No es fruto de un consenso básico y duradero. Va a dividir a la sociedad. Va a dañar gravemente las libertades.

Va a crear una Generalitat fuertemente intervencionista. Y va a contribuir a construir una sociedad cerrada”, ha insistido Mariano Rajoy.

Con estos argumentos, Rajoy ha pedido “que se abra un debate en la sociedad catalana sobre todas estas cuestiones. Debe ser un debate capilar, que llegue a todos los rincones, para que los ciudadanos tengan conciencia de todo lo que está en juego”.

En este sentido, ha denunciado que, con el nuevo Estatut, “se ha practicado el ocultamiento, ya que se ha querido localizar -la crítica al texto- en cuestiones muy políticas y se ha dejado lo que es verdaderamente fundamental en un segundo plano”, y ha prometido apoyar las iniciativas sociales que desvelen las verdaderas intenciones del nuevo Estatut.

A juicio de Rajoy, “de la lectura del extenso catálogo de derechos y deberes -del nuevo Estatut- se deduce que estamos ante un producto partidista que no oculta su deseo de unificar la sociedad catalana bajo un rígido e ideológico modelo dirigista basado en valores de izquierda”.

Durante la conferencia, Rajoy se ha dedicado a analizar un listado de artículos incluidos en este título del nuevo Estatut, y ha subrayado que “el futuro de la sociedad catalana está en juego si prosperan algunos de esos derechos y valores”.

Rajoy, que se ha declarado liberal y defensor del “humanismo cristiano”, ha dicho que el nuevo Estatut es contrario al “espíritu de reconciliación” de la Constitución, que es fruto de visiones “estatistas e intervencionistas” o bien que deja la libertad de enseñanza “muy debilitada”.
En cuanto a la lengua, ha proclamado que el nuevo Estatut llevará al castellano a quedar “definitivamente marginado como lengua del ámbito escolar” a pesar de ser la lengua materna “de la mitad de Cataluña”.
En este contexto, ha insistido en que “la reglamentación lingüística en el ámbito de las relaciones privadas puede hacer mucho daño al futuro de la sociedad catalana”.

Ha comentado que, a pesar de que los impulsores del nuevo Estatut proclaman que se aumentan los derechos de los catalanes, “este catálogo adolece del vicio de generar una inflación de derechos que devalúa su efectividad y daña el crédito de las instituciones”.

Acompañado del presidente del PP catalán, Josep Piqué, ha añadido que algunos de estos derechos “son incomprensibles o encierran pretensiones de intervención pública realmente alarmantes”, y que todo el título “es un monumento a la ideología de la corrección política”.

Asimismo, ha remarcado que el nuevo Estatut “quiere una administración poderosa, omnipresente en la vida de los catalanes, y eso sólo puede suceder a costa de la propia sociedad catalana y de las libertades de los ciudadanos”.

“El Estatut propugna una agobiante y profusa reglamentación en todos los ámbitos en que se desenvuelven las relaciones humanas. Hay mucho de ingeniería social en el modelo que proyecta el Estatut. Y, además, este planteamiento lo que conduce es a fragmentar la sociedad”, ha añadido Rajoy, quien ha subrayado que “incluso” el concepto de matrimonio desaparece del texto.

En el acto han intervenido también el presidente de Fundación Persona, Antoni Bosch; el del GEC de la Familia, Daniel Arasa; el del Foro Arbil, Santiago Gotor; Josep Manuel Silva, de Pacto por la Vida y la Dignidad, y el abogado Jorge Buxadé.

MARTA SUÁREZ/MADRID

El Gobierno comprobará que el cese de la violencia es sincero antes de autorizar contactos con ETA. De esta forma, será «coherente» con la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, y cuyo contenido obliga a que haya «signos inequívocos» de «ausencia definitiva, permanente, de violencia» por parte de la organización terrorista para iniciar un diálogo.

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, se expresó ayer en estos términos en unas declaraciones en las que entremezcló un mensaje de «esperanza» y un llamamiento a «la prudencia y la cautela», si bien no pudo evitar opinar que el anuncio de alto el fuego «parece que es para siempre». Sin embargo, el Ejecutivo no quiere dejarse llevar por interpretaciones apresuradas, y el propio José Luis Rodríguez Zapatero ya adelantó el pasado miércoles en el Congreso que se tomara «un tiempo» para que los servicios secretos y las fuerzas de Seguridad verifiquen que las intenciones de ETA son sinceras y no una trampa.

Con su actitud y sus declaraciones, el presidente del Gobierno transmite la sensación de haberse tomado con mucha calma el anuncio de ETA. Rodríguez Zapatero esperaba este momento desde hace semanas, cuando auguraba que se aproximaba el «principio del fin de la violencia», y tenía su estrategia muy meditada. Ayer se la explicó al Rey durante un despacho extraordinario» en el Palacio de La Zarzuela, a donde acudió justo antes de desplazarse a Bruselas para asistir al consejo europeo.

El jefe del Ejecutivo comunicó a don Juan Carlos su intención de trabajar para recuperar la unidad con el Partido Popular, la única formación política que rechazó hace diez meses la resolución sobre el diálogo con ETA aprobada en el Congreso, y, codo con codo con el principal partido de la oposición, buscar la paz.

En una primera fase, la manera en la que el Gobierno socialista gestionará este «alto el fuego permanente» declarado por ETA será muy similar a los movimientos iniciales que realizó José María Aznar en 1998, en las semanas sucesivas al comienzo de la «tregua indefinida» anunciada por la banda armada. El entonces presidente del Ejecutivo del PP esperó mes y medio desde el anuncio formal de tregua hasta autorizar los contactos con los terroristas en Suiza.

En este contexto, el ministro de Defensa, José Bono, afirmó ayer que la nueva situación abierta a raíz del alto el fuego no afectará a la labor del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Civil, de la Policía ni tampoco de los fiscales que, subrayó «no están en tregua».

Cuando el Gobierno considere que tiene datos suficientes para creer que las intenciones de la banda son verdaderas llegará el momento de aplicar aquella resolución parlamentaria, que autoriza al gabinete a abrir un diálogo con ETA sin abordar ninguna cuestión política. Previamente, Rodríguez Zapatero acudirá al Congreso de los Diputados para pedir a todos los partidos políticos, y de forma «muy singular» al PP, su apoyo ante ese posible proceso.

El presidente del Gobierno quiere recorrer ese camino de la mano del líder de la oposición. De ahí el reconocimiento que hizo el pasado miércoles al papel jugado por el PP en la lucha antiterrorista y de ahí también su demanda de colaboración en este proceso. Teme que la división entre el PSOE y el PP en este asunto frustre las expectativas de paz y, convencido de que es su primera obligación como responsable del Ejecutivo, intentará mantenerse unido a Rajoy.

Por ello es partidario de dar un tiempo a los populares para que moderen sus críticas y su oposición a la política antiterrorista gubernamental. Los socialistas aseguran que mantendrán la mano tendida e incluso tratarán de presionar a los populares para lograr ese deseo que, creen, albergan los ciudadanos.

«Quieren vernos juntos para que juntos hagamos que esta esperanza se convierta en una realidad definitiva», destacó Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, en tono irónico, pidió además a los dirigentes del PP que «alegren esas caras». Por último, les instó a respaldar al Gobierno del mismo modo que hizo el PSOE cuando estaba en la oposición en 1998. Los socialistas sospechan que Rajoy «no tiene margen de maniobra suficiente en su partido» para dar su apoyo a Rodríguez Zapatero y creen que un primer ejemplo de lo que ocurrirá en los próximos meses llegará con la entrevista del martes en el Palacio de La Moncloa entre el presidente y el jefe de la oposición. Miembros de la ejecutiva del PSOE temen que Rajoy esté sometido a «fuertes presiones» en los próximos días que podrían dar al traste con la voluntad del Gobierno de recuperar la unidad ante la esperanza de acabar con ETA.

El líder del PP ha adelantado al próximo lunes la reunión de la dirección de su partido para marcar una posición común de cara a su encuentro del día siguiente con el presidente del Gobierno.